Con la intervención de la Moneda, la campaña por el apruebo tomó fuerza esta semana en un ambiente marcado por el aumento de la opción rechazo y baja en la aprobación del Gobierno, según las encuestas del último mes.  

El Presidente Gabriel Boric afirmó que el Gobierno no será neutral frente al plebiscito constitucional de salida, lo que activó un debate sobre la intervención del Ejecutivo y el uso de recursos públicos en este contexto, lo que generó la inmediata reacción de la Contraloría. 

“La prescindencia significa neutralidad”, precisó el contralor Jorge Bermúdez tras sostener un encuentro protocolar con el Mandatario, explicando que dicho deber implica informar, ser transparente y objetivos respecto del proceso, lo que quedó contenido en un instructivo sobre las normas de prescindencia que deben cumplir las autoridades y funcionarios públicos de cara al referéndum del 4 de septiembre. 

Abogados frente a frente

500 abogados por el apruebo salieron a contestar un inserto de 300 abogados  por el rechazo (entre ellos, el exministro de Interior, Jorge Burgos; el ex ministro de Justicia, Jaime Campos; el exsubsecretario del Interior, Jorge Correa, y la senadora DC Ximena Rincón), que advirtieron que les “preocupa el tono ríspido, lejano a la autocrítica en discusiones que concluyen, aprobando normas de deficiente calidad y rigurosidad técnica y jurídica, que pueden producir serios vacíos, contrasentidos o incluso problemas graves en materia de interpretación constitucional”. 

La réplica la firman, entre otros, las exministras de Estado Ana Lya Uriarte, Laura Albornoz, Alejandra Krauss y Nivia Palma; el exdecano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Davor Harasic, y la fiscal Ximena Chong, cuestionando los argumentos de sus colegas, señalando que “llama la atención la crítica vaga y general sobre supuestas transgresiones”.  

Se sumaron a esta contraofensiva del apruebo, con una carta titulada “Pensando en Chile, decimos sí a la Nueva Constitución”, 32 políticos de centroizquierda y ex ministros de gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, y ayer la Democracia Cristiana hizo lo mismo, pero en un tono menos definitivo.  

Y en la FEN, se desafiaron, cada uno desde distintas veredas del apruebo y el rechazo, el ministro de Hacienda y el presidente de la reputada facultad.

Tensa calma y la conversación digital

Pese a que las campañas por apruebo y rechazo ya están desplegadas, en las redes sociales la intensidad de la conversación bajó, tras alcanzar su peak la semana pasada con la aprobación de los derechos fundamentales. Puede ser señal de la tensa calma con la que se espera a las dos últimas y cruciales semanas de votaciones en el pleno, que se avecinan con definiciones del contenido de la Cámara de las Regiones y el derecho de propiedad.  

Van al borrador

A continuación, un resumen de las normas aprobadas en el pleno de la Convención entre el viernes pasado y hoy a las 15.00 horas.

Autonomías Territoriales Indígenas: ATI

Con la aprobación de las ATI, se da nueva bajada al principio de plurinacionalidad consagrado en el borrador, cuyo alcance genera dudas. Para algunos consolida una constitución identitaria y separatista, y para otros es solo una instancia político-administrativa del Estado Regional en el marco de la unidad del Estado. 

Las ATI son una nueva entidad territorial, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que ejercerá su autonomía en coordinación con las autoridades y órganos del Estado Regional. Su constitución se hará mediante un proceso de participación y consulta previa y sus competencias serán definidas por el Congreso.  

Contarán con financiamiento para el ejercicio del derecho de libre determinación de los pueblos y naciones indígenas, derecho que contempla la autonomía y el autogobierno.  

También pasaron al borrador: las comunas autónomas, previa autorización por ley, podrán establecer empresas, o participar en ellas; se reconoce el “maritorio” como una categoría jurídica igual que el territorio; y se crean los territorios especiales de Rapa Nui y el Archipiélago Juan Fernández, regidos por sus respectivos estatutos. 

Voto obligatorio y desde los 16 años

Después de la reforma del 2012, se aprobó volver al voto obligatorio y la polémica norma que permite a los mayores de 16 y menores de 18 votar de manera voluntaria, una de las banderas de la extrema izquierda, y se rechazó la propuesta que restringía los derechos ciudadanos a los condenados y terroristas. 

Iniciativa popular de ley

De ganar el apruebo, por primera vez en la historia de Chile tendremos democracia participativa. Se aprobó que con un 3% del último padrón electoral, la ciudadanía podrá presentar proyectos de ley para su tramitación legislativa, con excepción de aquellos que tengan relación con tributos y administración presupuestaria. 

Sí a los derechos de autor, no a los industriales

Sobre propiedad intelectual, finalmente, y tras los reclamos del mundo cultural, se aprobó respetar los derechos de autor, no así los del mundo industrial, como patentes, marcas y denominación de origen. 

También se aprobó que «la Constitución reconoce los derechos culturales del Pueblo Tribal Afrodescendiente chileno, y asegura su ejercicio, desarrollo, promoción, conservación y protección, con pleno respeto a los instrumentos internacionales pertinentes». 

Para ver cómo va quedando el borrador de Constitución ingresa al siguiente link.  

Lo que sigue en discusión

A continuación, un resumen de las normas más relevantes que siguen en discusión en comisiones y que tendrán que pasar por la aprobación del pleno para ir al borrador de la Constitución. 

Sistema Político: incertidumbre ante el Pleno

Quizás el gran nudo por resolver es el de los contenidos que tendrá la Cámara de las Regiones. Esta semana, la comisión llegó a un acuerdo que no alcanzaría los 2/3 en el pleno, sin embargo, ayer se sumaron los convencionales de la Coordinadora Plurinacional haciendo más factible su aprobación.  

El acuerdo de la comisión supone que la Cámara concurrirá a la formación de leyes de acuerdo regional en materia de salud, vivienda y educación, reformas constitucionales, leyes que irroguen gasto fiscal relacionadas a las regiones, reformas electorales, entre otras.  

El debate se mantiene respecto de si el modelo parlamentario propuesto corresponde a un “bicameralismo asimétrico” o un “unicameralismo encubierto”.  Algunos convencionales de la centro izquierda y de la derecha critican que esta cámara no tendría potestad revisora (como el actual Senado), ya que la última palabra en la iniciativa de ley la tendrá siempre el Congreso de Diputadas y Diputados con un quorum de 4/7. 

Expropiación y propiedad indígena

Se aprobó en la comisión de Derechos Fundamentales la norma que regula la expropiación, la que tendrá que cumplir con los siguientes requisitos: ley que autorice la expropiación; por causa fundada de utilidad pública o interés general declarado por el legislador; indemnización por el justo precio; y pago previo a la toma de posesión del bien. La persona expropiada podrá reclamar la legalidad del acto, el monto y la modalidad de pago ante los tribunales. 

Las razones desde Vamos por Chile para abstenerse fueron que, si bien se mejoró la norma, se debilita el derecho de propiedad respecto del actual, ya que, en caso de expropiación, se pagará un “justo precio” y no el valor de mercado, y si no se llega a acuerdo, tampoco estará asegurado que el pago se hará en dinero efectivo y al contado, por lo que queda sujeto a interpretación por parte de los tribunales.

También se aprobó una indicación sustitutiva presentada por la convencional Linconao que entrega especial protección a la propiedad indígena. Se reconoce que los pueblos y naciones indígenas tendrán “derecho a sus tierras, territorios y recursos” y “derecho a utilizar recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva”. El Estado establecerá instrumentos jurídicos para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. Esta propiedad cobra relevancia, especialmente en cómo se materializará, tanto en la identificación de territorios y las expropiaciones que se deberán hacer para llevarla a cabo. 

Banco Central

La comisión de Sistemas de Justicias aprobó normas sobre el Banco Central. El consejo, que aumenta de 5 a 7 miembros, se elegirá a partir de ternas propuestas por el Consejo de la Alta Dirección Pública y luego ratificado por el Congreso. Además, un miembro podrá ser destituido por la Corte Suprema ante incumplimientos graves de sus funciones, atribución que actualmente solo tiene el Presidente de la República.  

El expresidente del Banco Central, José de Gregorio, dijo que lo aprobado por el pleno hasta ahora “deja mucho que desear, para no decir que es francamente malo”. Si bien destacó que se mantenga la autonomía del ente emisor, cuestionó en particular el cómo se nombrará a los consejeros, la duración de sus mandatos y el rol del Congreso en sus nombramientos. Advirtió que acoplar el ciclo de la política monetaria al ciclo político de cuatro años en Chile, en la práctica, politizará al Banco Central. 

Candado a reformas

El informe de reemplazo de la comisión de Sistemas de Justicias propone que las reformas constitucionales pueden ser iniciativas por mensaje presidencial, moción parlamentaria, iniciativa popular o de los pueblos indígenas, con un quórum de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio, y una vez aprobados, se plebiscitarán. Sin embargo, no podrán suprimir derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.  

Mauricio Daza (PC) explicó que esta norma es “consistente con el principio de no regresión en esta materia” y que “suprimirlos involucraría destruir su núcleo esencial”.  

Cronograma Constitucional

Próximos hitos del proceso:

  • Trabajo de las comisiones: 29 de abril.
  • Sesiones del Pleno: hasta el 6 de mayo.
  • Comisión de Armonización: entre el 17 de mayo y el 9 de junio.
  • Votación modificaciones al proyecto final: 23, 24, 28 y 29 de junio, hasta total despacho.
  • Ceremonia pública de entrega de propuesta de Constitución: 4 de julio.
  • Plebiscito de salida: 4 de septiembre.

Análisis de actualidad realizado por Comsulting, expertos en comunicación estratégica y gestión de crisis.