La agenda decolonial está delineando el texto de la nueva Constitución. Con el apoyo de la izquierda, las fuerzas extraparlamentarias que representan a pueblos originarios, ambientalistas y sectores feministas siguen imponiéndose en la disputa política constitucional, que muchas veces las enfrenta con los partidos tradicionales. 

Detrás de la perspectiva decolonial está la inspiración de establecer un proyecto social alternativo a la cosmovisión eurocéntrica, que contribuya a la reivindicación y reconocimiento de sectores que se consideran desplazados. Su bajada local, se ha traducido en la aprobación de artículos que ya forman parte del borrador de la nueva Constitución, como el reconocimiento del “Estado Plurinacional” y el “Pluralismo Jurídico”, que impone la coexistencia de distintos sistemas jurídicos, uno nacional y otro indígena, y es fuente de nuevos conceptos como el “buen vivir” y los “derechos de la naturaleza”. 

La aprobación de estas y muchas otras normas polémicas han despertado inquietudes en sectores más allá de la derecha. Convencionales de centro izquierda, el Senado, académicos y medios de comunicación, han elevado inquietudes y críticas que sin duda deberán ser consideradas en la discusión política a días de que asuma el gobierno electo y se renueve el Parlamento. 

La izquierda está desafiada a darle articulación política a esta nueva fuerza, ya que ha sido este el sector que ha acogido y ha negociado con estos colectivos, aunque no sin asperezas. Quizás una de las más relevantes fue el rechazo (del PC incluido) a iniciativas como la conformación de asambleas legislativas territoriales que, eventualmente, pudieron servir como mecanismo de consolidación de poder de estos movimientos. Boric lo sabe, luego de que esta semana zanjara una agria disputa por la delegación presidencial de Valparaíso con Modatima (con cuatro convencionales). 

La duda hacia el futuro radica en si los partidos políticos serán capaces de encausar esta nueva energía con ambición de poder, o bien, se verán superados. Por ahora, ya hay críticos de esa falta de manejo: “hay un horizonte anticapitalista en esta izquierda a la izquierda del PC, entonces quieren poner en la Constitución un horizonte anticapitalista. No alcanza al tercio, pero tensiona el plenario”, dijo esta semana Renato Garín, miembro de la Lista del Apruebo.

Este sello identitario que ha tomado el proceso constituyente ha instalado un debate sobre la representatividad de la Convención. A principios de esta semana el presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, puso en duda el origen democrático de la Convención al cuestionar el sistema proporcional que eligió a los convencionales, y que en la práctica significó que el voto indígena valió 13,6 veces más que el del votante de la RM, por ejemplo.

 Aumenta desaprobación

La desaprobación al trabajo de la Convención aumentó cuatro puntos, hasta un 48%, según los resultados de la última encuesta Criteria. La aprobación alcanza un 31%, dos puntos menos respecto a la medición anterior; y la mayoría de los encuestados (43%) señaló que no tiene claro qué votará en el plebiscito de salida. Un 36% dice que va a aprobar y un 21% que va a rechazar.

Un incendio llamado Rojas Vade

La semana despertó con el misil de Rojas Vade anunciando su regreso, una movida de la extrema izquierda para asegurarse un voto en tiempos clave, pero no resultó. Ante el repudio mayoritario de los convencionales, y un Senado amenazado, esta vez sí se logró legislar una salida, aprobando una fórmula para que renuncie pero no para que sea reemplazado. La moción será vista ahora por la Cámara de Diputados.

El pluralismo jurídico le torció la mano a la derecha

El pleno aprobó los seis artículos que habían sido rechazados del informe de Sistemas de Justicia. Se trata de normas referidas al pluralismo jurídico, inamovilidad de juezas y jueces, derecho de acceso a la justicia, fundamentación de las sentencias con lenguaje inclusivo, así como compensaciones ante errores judiciales. 

El pluralismo jurídico aprobado, propone la existencia de sistemas jurídicos de los pueblos indígenas que coexistirán en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Ahora bien, no queda claro sobre qué materias tendrán competencia, cómo se aplicará, a quiénes y cómo se resolverían las diferencias entre individuos que pertenezcan a distintas comunidades, temas que quedarán resueltos en una ley.

Se aprobó la norma que garantiza que cuando se trate de indígenas, los tribunales deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia. La norma genera críticas por el alcance y aplicabilidad del “tratamiento” planteado.

La comisión ahora se prepara para votar su segundo informe tras la aprobación de 16 normas que ya están en el borrador de la Carta Magna.

Un primer fracaso de ecoconstituyentes

Tan sólo 6 de los 40 artículos del informe correspondiente al Bloque A sobre “Medio Ambiente y los Derechos de la Naturaleza” se aprobaron en el pleno, los que volverán a la comisión para ser mejorados  y retornar al pleno para su segunda votación.

El alto rechazo de las normas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico se explica por la radicalidad de las propuestas, escritas por convencionales en su mayoría activistas medioambientales. Es por lejos la comisión ideológicamente más extrema, busca instalar un medio ambientalismo radical y no está integrada ni el Colectivo del Apruebo ni el Frente Amplio, quienes buscarán influir más en el informe de reemplazo.

¿Qué se aprobó?

Se aprobó el derecho de participación ambiental vinculante e incidente en la toma de decisiones ambientales. Esto no está contemplado actualmente en la legislación, ya que la participación ciudadana en la Evaluación de Impacto Ambiental no es vinculante, y las normas aprobadas podrían generar un desincentivo a la inversión por aumentar la incertidumbre (no sólo se tiene que cumplir con la legislación ambiental, sino que un proyecto queda supeditado a la voluntad de una comunidad). Vamos por Chile presentó 4 indicaciones con el fin de eliminar su aspecto vinculante, que se debatirán hoy en el pleno.

También se aprobó la protección de los animales por parte del Estado y su derecho a vivir libre de maltratos, el reconocimiento de la existencia de una crisis climática y ecológica producto de la actividad humana, y la gestión y mitigación que debe hacer el Estado ante la crisis climática. Hoy se votarán en particular en el pleno y si se aprueban, van al borrador final.

¿Qué se rechazó?

34 artículos fueron rechazados, y sólo 10 volverán a la comisión para su perfeccionamiento, por alcanzar mayoría simple. Destacan dentro de las normas rechazadas los bienes naturales comunes e inapropiables, la titularidad especial colectiva sobre ellos y derecho preferente de uso y control de dichos bienes según los usos ancestrales, los derechos colectivos de los pueblos o naciones indígenas, y la “verdad histórica en la vulneración”.

Ivanna Olivares (MSC), quien ha impulsado varias de estas normas, dijo que “tenemos la responsabilidad histórica de dar una señal de que somos capaces de construir un acuerdo democrático que refunde la relación entre personas y la naturaleza. Refundar, sí, porque la única manera de hacernos cargo de la crisis ambiental y ecológica que ya empezó es un cambio radical en nuestra forma de concebir nuestro lugar en el mundo”.

Para ver cómo va quedando el borrador de Constitución ingresa al siguiente link.

Debates Constitucionales

Bloque B de la Comisión de Medio Ambiente

Por su parte, la comisión de Medio Ambiente aprobó en general 28 iniciativas relacionadas con el agua, que establecen el derecho al consumo humano y saneamiento, gestión de cuencas y prioridades de uso (en orden: ecológico, humano, ancestral y ganadería y agricultura a pequeña escala).

Fin a la propiedad de los derechos de agua

Se aprobó en general la extinción de la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, para transformarse en concesiones temporales, iniciativa presentada por el PS y que sería una alternativa ante otra norma aprobada a principios de febrero que caducaba los derechos de agua otorgados bajo el Código de Aguas de 1981.

Por medio de una ley de transición hídrica se transformarán los derechos en concesiones temporales, onerosas, revisables cada 5 años en cuanto a los caudales autorizados a usar y sujetas a causales de extinción, caducidad y revocación, con obligaciones de protección, uso racional y eficiente del agua, entre otros. De acuerdo a los expertos, con las concesiones se terminaría el mercado de los derechos de aguas.

Paralelamente, se aprobó una iniciativa popular patrocinada por Modatima que termina con el Código de Aguas, el que fue recientemente reformado en enero de este año después de estar más de 11 años en discusión en el Congreso.

Sanitarias Estatales

Una de las más polémicas fue una norma que traspasa al Estado el deber de provisión del agua y demás servicios sanitarios, terminando con las sanitarias. Esto fue criticado por la presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), Jéssica López, quien explicó que esta norma no está enfocada en el verdadero problema, que son las restricciones al suministro que tienen las zonas rurales y campamentos y el cambio climático, ya que la industria sanitaria requiere una alta inversión para enfrentarlo y ahora “tendrá que competir con otras necesidades que tiene el Estado en temas de presupuesto, como la educación y vivienda.”

Estatuto de Energía

Se aprobaron en general en la misma comisión dos normas que establecen el estatuto de energía y que buscan fomentar las energías “limpias”, con respeto irrestricto de los derechos sociales, ambientales y de los pueblos indígenas.

Además, declaran que la infraestructura energética es de “interés público” y que el Estado establecerá y mantendrá una estrategia nacional energética participativa e inclusiva en base a los territorios, quienes a su vez podrán participar del desarrollo de iniciativas de energía por medio de empresas públicas o mixtas. La autogeneración domiciliaria y el impulso de cooperativas locales para la producción, transporte, almacenamiento y distribución de energía serían garantizada por el Estado.

Estas normas corresponden al Bloque B, de “Bienes Naturales comunes y su estatuto”, y una vez aprobado en particular, será presentado un informe al pleno para su votación.

Una nueva “Cámara Territorial”

Luego del acuerdo alcanzado por la izquierda y centroizquierda que reconfigura el sistema político del país, incorporando la eliminación del Senado por un “Consejo Territorial”, esta semana el debate en la comisión estuvo marcada por las mayores atribuciones que se le quieren dar a este último órgano. Esto, gracias al apoyo de convencionales de centroizquierda a una serie de indicaciones presentadas por Marcela Cubillos (Un Chile Unido), Constanza Hube (Unidos por Chile) y Arturo Zúñiga (Un Chile Unido), todos de Vamos por Chile.

Si bien este Consejo no fiscalizaría los actos del Presidente, sí podrá prestar o negar su consentimiento a sus actos, «en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran». Asimismo, se visó su injerencia en las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia; y “conocer los proyectos de reforma constitucional, de leyes interpretativas de la Constitución, de la ley anual de presupuesto, de ley sobre la división política y administrativa del país, de ley que afecten las competencias de las regiones, de ley sobre votaciones populares y el sistema electoral”. Fue en este último inciso que se aprobó el concepto de “Cámara Territorial”. Estos cambios, sin embargo, aún esperan el visto bueno del pleno.

La ambición de la comisión de Derechos Fundamentales

Se aprobó en particular en la comisión el Derecho o libertad de Asociación, sin autorización previa y sujeta a regulaciones previstas por la ley para el resguardo de derechos fundamentales. Además, el Estado reconoce, promueve y protege las formas tradicionales de organización de los pueblos indígenas, sus instituciones y autoridades propias, respetando la autonomía y dinámicas internas.

En la discusión no se aprobaron indicaciones como que sea “pacífica” o “sin armas”, justificando que son materia de otras comisiones. Lo que sí considera esta norma son restricciones específicas al ejercicio de este derecho respecto a las Policías y Fuerzas Armadas.

Redes sociales: convencionales frente a la gente

Se dividió la opinión de la gente en torno a la Convención en 3 momentos: el primero, en la semana de la instalación; el segundo, el periodo de la denuncia sobre Rojas Vade, en septiembre pasado; y el tercero comienza con la deliberación en las comisiones, a mediados de enero del 2022.

Durante el primer mes, la Convención generó 530 mil menciones en Twitter. Elisa Loncon de inmediato se convirtió en trending y el mensaje de los pueblos originarios. De hecho, tan relevante es Loncon que obtuvo 150 mil menciones esta semana y “Mapuche” aparece en 40 mil menciones.  María Elisa Quinteros ha sumado 15 mil en su primer mes y medio de presidencia.

“Pueblo” está entre las primeras 24 palabras más relevantes, con 28 mil menciones, y constituyentes con 40 mil, simbolizando que pasaban a ser actores importantes.

Entre septiembre y octubre la Convención sumó 600 mil menciones en Twitter.  El alza se debe al escándalo de Rojas Vade, que sumó en total 250 mil menciones. El costo para los constituyentes fue alto. En 35 mil menciones se vincula a Vade con la Convención, esto sin contar los medios.

Loncon sigue muy arriba, pero con menos menciones: 47 mil. “Pueblos” baja de 28 mil a 8 mil. Y Marinovic empieza a convertirse en centro de interés, sumando 34 mil menciones en este período.

Más allá de Vade, ya aparecen los conflictos: “Corte Suprema” sumó casi 9 mil menciones y “Asignaciones” con casi 10 mil.

Entre los hashtag #LaConvenciónSeDefiende lidera por lejos sobre otros. #rechaza comienza a asomarse. Aunque sólo 2 de 12 hashtag son críticos a la Convención.

En el tercer período, la Convención sumó 452 mil menciones entre enero y febrero. Más bajo a pesar de que los constituyentes están más activos. El peak del período fue las iniciativas aprobadas especialmente por la Comisión de Medio Ambiente. “Rechazo” aparece destacada por primera vez, con 19 mil menciones.

Loncon fuera de la presidencia desaparece. Pero “Plurinacional” suma 14 mil menciones. “Estado” también aparece destacado.

“Tere Marinovic” sigue entre las más mencionadas. La única convencional en las primeras 40 palabras que más se repiten junto a “Convención”.

Los hashtags también marcan un cambio importante. Entre los primeros 12, cinco están ligados al “rechazo” y sólo 3 al “apruebo”. De todas maneras, siempre hay bots que distorsionan estas cifras. No podemos no considerarlo.

Rechazo (97 mil menciones) versus Apruebo (58 mil menciones). Mientras el rechazo crece como palabra, “Apruebo” lo hace en menor medida. Ambos alcanzan un peak el último mes, pero “Rechazo” con mayor cantidad de menciones.

Rechazo

Apruebo

Cronograma Constitucional

Próximos hitos del proceso:

  • Deliberación en el pleno: hasta el 22 de abril.
  • Comisión de Armonización: hasta el 24 de junio.
  • Término de la Convención: 4 de julio
  • Plebiscito de salida: segunda quincena de septiembre