En la semana en la que Gabriel Boric entra a La Moneda, crece el rechazo al rumbo que está tomando el proceso constituyente, se levanta con fuerza la opción de dar más plazo al proceso -al que le quedan 20 días para terminar de votar las normas en el pleno-; y se habla de un Plan B como alternativa a la eventual elección entre una mala propuesta y la Constitución de Pinochet. 

De acuerdo a todas las encuestas (Cadem, Criteria y Pulso Ciudadano) si bien el rechazo gana terreno, apruebo triunfaría, más aún cuando de acuerdo a los plazos el plebiscito de salida sería el domingo 11 de septiembre. El vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, abierto opositor hasta hace algunas semanas a modificar el cronograma, dijo que una ampliación del plazo sería bien recibida. 

En los últimos días han surgido nuevos críticos, entre los que se encuentran el ahora ex presidente Sebastián Piñera y la presidenta del Senado, Ximena Rincón, a propósito de propuestas que reconfiguran los poderes del Estado y normas medioambientales radicales (hasta ahora frenadas en el pleno).  

¿Nuevo acuerdo político? 

En cuanto al Plan B, en un escenario en el que gane el rechazo, el 34% de las personas preferiría elegir nuevos convencionales, 22% que el texto lo redactara el Parlamento, 17% que continuara la actual Carta, y 6% que se aceptara la propuesta realizada por la expresidenta Michelle Bachelet (Sondeo Ciudadano-UDD). 

Cualquier cambio para reencauzar el proceso constituyente pasa por un nuevo acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, pues requiere de una reforma constitucional. Un acuerdo que debe ser empujado abierta o subterráneamente por el nuevo Gobierno y en el que la derecha tiene un rol mucho más relevante, especialmente en el Senado –bajo amenaza de extinción- que a partir de hoy lidera el socialista Álvaro Elizalde.

Votaciones en el Pleno

El siguiente es un resumen de las votaciones en el pleno desde el viernes pasado en la tarde hasta hoy a las 15.00 horas. 

Aborto libre: aprobado

Como ocurrió la semana pasada con el informe de la Comisión de Medio Ambiente, este jueves se aprobaron solo 14 de 50 artículos del Primer Informe de la Comisión de Derechos Fundamentales en el pleno. El rechazo vino desde sectores de derecha e izquierda y se justificó por la “mala redacción”, porque serían materia de ley muchas de ellas, y por tratarse de normas “maximalistas” y “desmedidas”.  

Entre las normas aprobadas, se consagró el aborto a nivel constitucional sin límite de tiempo y sin causales (pero queda abierto si lo establecerá o no una ley), y la educación sexual a través de una política única de Educación Sexual Integral laica, desde la primera infancia y durante el curso de la vida. 

Asimismo, fueron aprobados el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica, sexual y afectiva, la integridad personal (relacionada a torturas,) imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad y prohibición de amnistía por ciertos delitos, derecho a la libertad personal y seguridad individual, entre otros.  

Asambleas regionales: aprobadas

Además, irán al borrador las Asambleas Regionales, (ex Asambleas Legislativas) que ya no tendrán facultades legislativas ni reglamentarias, pero sí potestades normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Aprobarán el Estatuto Regional (que establece la organización administrativa y el funcionamiento interno de cada región autónoma), podrán iniciar trámites que irán al Consejo Territorial y crear empresas públicas regionales o participar de ellas, previa ratificación del Consejo Territorial. El Presupuesto Regional y el Plan Regional de Ordenamiento Territorial y el de cuencas también pasarán por su visado.  

Para ver cómo va quedando el borrador de Constitución ingresa al siguiente link.  

Derecho de propiedad al pizarrón 

No lograron los 2/3 las normas sobre derecho de propiedad y la regulación de la expropiación, libertad de emprender y desarrollar actividades económicas, propiedad colectiva a los pueblos originarios y derecho de recuperación y restitución de esas tierras, libertad de conciencia (que limitaba doctrinas), libertad de expresión (que tenía una parte relacionada al negacionismo), el financiamiento de los derechos, los derechos sobre el debido proceso, entre otros.  

Normas medioambientales no pasan el filtro del pleno 

Sólo un inciso de los 6 artículos del informe de la Comisión de Medio Ambiente fue aprobado el viernes pasado en el pleno: que el Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza.  

Volvieron a la comisión para ser perfeccionadas: el reconocimiento de la crisis climática producto de la actividad humana, deberes del Estado con la naturaleza, protección a los animales y participación vinculante. 

Para algunos se trata de señales de moderación, para otros, “el freno de un suicidio” como describió Marcela Cubillos. Según el constitucionalista, Germán Concha, los problemas jurídicos detrás de estas normas son la “deshumanización, desracionalización y decrecimiento”.  

Debates que aún no llegan al pleno

Nacionalización de la minería 

Justo después de que el pleno rechazó el primer informe de la comisión de Medio Ambiente casi completo, la misma comisión aprobó la estatización de la minería, el fin de las concesiones mineras vigentes y su propiedad sobre ellas, a cambio de permisos administrativos (excluyendo al litio), las que se debatirán en el pleno las próximas semanas. 

De aprobarse en el pleno, existiría un plazo de un año para nacionalizar las empresas que trabajen con minerales e hidrocarburos y tres años para someter a evaluación ambiental todos los proyectos mineros cuya operación comenzó antes del 1993. Además, caducarían inmediatamente las concesiones existentes en áreas de exclusión y en tierras indígenas, toda vez que no queda claro si habrá o no una indemnización, y cómo se determinaría el monto y el plazo a pagar.  

Estas normas violarían los límites que tiene la nueva Constitución – la que no puede infringir tratados internacionales ni sentencias firmes y ejecutoriadas- provocando una enorme judicialización como consecuencia. Además, el costo de indemnización y operación para el Estado no es viable o no es compatible con financiar nuevos derechos sociales garantizados. Se estima en USD$ 65 mil millones el costo para el estado de Chile de la estatización de la minería, y US$50 mil millones para operar los yacimientos de aquí al 2030.  

Nacionalización de las forestales 

No sólo serán las mineras, también se aprobó la nacionalización de las forestales y su entrega a los pueblos originarios, a título gratuito y sin indemnización, como parte de una reparación histórica y reconstrucción de los ecosistemas dañados.  

Se argumenta que estas normas buscan “proteger a los bosques nativos y que no haya deforestación”, por eso, los terrenos que hayan sido bosques nativos y sustituidos por monocultivos, las actividades productivas -forestales y frutícolas- que limiten con la función ecológica y social de la propiedad y las tierras forestadas en propiedad de privados serán nacionalizadas. Los monocultivos estarían prohibidos por su daño al suelo y al caudal hidrológico.  

Juan José Martin, coordinador de esta comisión, indicó en La Segunda que “hoy la mayoría de estas materias si bien tienen propuestas que hablan de, por ejemplo, nacionalización, creo que ninguna de estas materias gira en torno a la nacionalización de nada.” 

Cambios en el Sistema Electoral 

Movimientos Sociales al poder 

Se despacharon varias iniciativas desde la comisión de Sistema Político, que se verán en el pleno la próxima semana, y una de las más relevantes trata sobre el sistema electoral y las “organizaciones políticas”, que incluye no solo a los partidos políticos, sino que también a los movimientos sociales, abriéndoles la posibilidad de que estos últimos puedan presentar candidaturas electorales, aunque sólo en aquellos territorios donde están constituidos. Además, deberán regirse bajos los principios de democracia, transparencia, probidad, fiscalización y responsabilidad que establezca la ley.  

La norma generó críticas ya que a los partidos políticos se les exigiría mayores requisitos para su conformación, la que tiene que ser nacional, y en cambio a los movimientos sociales sólo en el ámbito comunal o regional. “Esto es establecer un estatuto privilegiado”, dijo Fuad Chahin (DC). 

Pueblos Originarios al Congreso 

Los pueblos originarios tendrán escaños reservados en el futuro Congreso Plurinacional, los cuales serían proporcionales a la población indígena con un escaño mínimo por cada pueblo reconocido en la Constitución. Para lo anterior se establecerá un Registro Electoral Indígena, a ser administrado por el Servicio Electoral. 

Adolescentes votarán 

Finalmente, se aprobó la posibilidad de que los mayores de 16 años puedan votar de forma voluntaria, mientras que los mayores de 18 estarían sujetos al voto obligatorio con inscripción automática. 

Triunvirato Chileno 

Acompañarán al presidente de la República dos nuevas figuras: un Vicepresidente (dirección del Consejo Regional) y un Ministro de Gobierno (conducción de temas legislativos del gobierno y ejecución del programa). Ambos competirían en la misma papeleta -siguiendo el modelo de EE.UU.- en un binomio paritario.  

¿Órganos autónomos 2.0? 

Esta semana empezaron a tomar forma los órganos autónomos en la Comisión de Sistemas de Justicia. A continuación, las principales definiciones que se tomaron y que se presentarán en el segundo informe de la comisión ante el pleno la próxima semana.  

Banco Central más allá del control de la inflación 

Un alto nivel de consenso dentro de la comisión tuvo la propuesta sobre la autonomía del Banco Central, órgano que contará con patrimonio propio y será de carácter técnico. Además de estar a cargo de la política monetaria y cambiaria del país, para el cumplimiento de dichas funciones deberá considerar aspectos como cambio climático, sostenibilidad ambiental y el empleo, pero sin poner en riesgo el desempeño de su función principal. Sus decisiones y fundamentos no estarán sujetas a control político.  

El consejo se amplía de 5 a 7 integrantes designados por el presidente de la República con acuerdo del Congreso Plurinacional, en base a un concurso público, cuidando los criterios de paridad, plurinacionalidad y diversidad territorial.  

Fin del Tribunal Constitucional 

En paralelo, se anunció el término del Tribunal Constitucional (TC) donde hay distintas propuestas para su reemplazo: que se entreguen atribuciones del TC a la Corte Suprema o la creación de una Corte Constitucional Plurinacional.      

¿Qué significa este nuevo órgano? Se trata de una institución que velará por la supremacía de la Constitución, ejercerá el control de constitucionalidad (no preventivo), y cautelará el respeto y la vigencia de los derechos humanos y de la naturaleza. Su composición estará conformada de forma paritaria y con criterios de plurinacionalidad, por quince juezas y jueces.  

También hay acuerdo respecto a que esta Corte debe ser par, poniendo fin al actual voto dirimente que tiene el presidente del TC.  

Consejo Supremo de la Justicia 

Luego de acordarse la creación del Consejo Nacional de la Justicia, órgano encargado de la administración del Sistema Nacional de Justicia y de efectuar una revisión integral y periódica de todos los tribunales, se generó un debate en torno a su composición. De los 17 miembros elegidos de acuerdo a criterios de paridad, plurinacionalidad y equidad territorial, solo seis serán juezas o jueces titulares, el resto serán tres profesionales del Sistema Nacional de Justicia, dos elegidos por pueblos originarios, y seis elegidos por el Congreso. Según expertos, esto podría generar una captura política del poder judicial. 

Pluralismo jurídico 

Se aprobó una norma que deja fuera de la competencia de la Corte Suprema revisar las sentencias de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, pero que serán revisados por tribunales de integración plurinacional establecidos por ley. Sin embargo, se prevé que será rechazada esta norma dejando sin resolver quien revisará los fallos de la justicia indígena: si un nuevo tribunal o la Corte Suprema.  

En temas penales, se aprobó que los tribunales de ejecución de penas velen por los derechos fundamentales de las personas condenadas, y cuando se les impongan penas a personas indígenas, se deberá tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, y dar preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.  

La aplicación del pluralismo jurídico aún no está claro y una ley definirá en qué materias tendrán competencia los tribunales indígenas.  

Finalmente, se discute sobre la figura del fiscal nacional (si se reemplaza por un consejo o es nombrado por el Consejo Supremo de Justicia) y se crearían nuevos órganos autónomos como la Defensoría Penal Pública que proporcionaría defensa penal a los imputados o acusados por un crimen y la Agencia Nacional del Agua, que gestionaría el recurso hídrico y velaría por su protección.  

Redes sociales: sube la atención en la Convención 

En Twitter la Convención suma 380 mil menciones en un mes, y por primera vez alcanza una meseta que no ha disminuido en 4 semanas. En este mes se generaron 800 mil reacciones en torno al tema, el doble que en enero de este año, lo que confirma que ha aumentado el interés en el proceso constituyente 

Si bien en Facebook la conversación ha sido más irregular, en 30 días sumó 13 mil post con 1.800.000 interacciones, casi el doble que en enero. 

La palabra “rechazo” comenzó a crecer fuerte desde enero. En febrero sumó 22 mil menciones, en marzo lleva 7 mil. 

El interés de los medios también está en aumento. Sólo en dos meses se han publicado 2.500 post entre los medios chilenos en Twitter. En Facebook también se aprecia un aumento en el interés por Convención en las cuentas de los medios; en Instagram poco. 

El Plan B se transformó en ofensiva de cuentas de derecha que exigen rechazar, no una alternativa. De todas maneras, no superaron las mil menciones en Twitter. 

Los medios recogieron el llamado a Plan B de Walker, pero casi todos se concentraron en mencionar o criticar al exsenador Walker. Melnick y Kast como influenciadores del Rechazo. 

Menciones sobre la Convención en el último mes: 

El rechazo crece asociado a la Convención. Menciones en Twitter desde julio: 

Posteos convencionales en Twitter desde julio 2021: 

Cronograma Constitucional  

Próximos hitos del proceso: 

  • Deliberación en el pleno: hasta el 1 de abril. 
  • Votación temas pendientes: entre el 20 y el 22 de abril. 
  • Comisión de Armonización: hasta el 24 de junio. 
  • Término de la Convención: 4 de julio 
  • Plebiscito de salida: segunda quincena de septiembre