Por Erick Rojas
Hace algunos meses me tocó conocer de cerca la realidad política, económica y social que enfrenta Ecuador, en mi calidad de consultor en comunicación política y crisis.
Fui testigo presencial de como un Estado puede ser secuestrado por el crimen organizado y el narco y como la política es la gran responsable del problema.
Trabajé en iniciativas que buscaban enfrentar y combatir la inseguridad y la violencia desbordada en el país, con las autoridades y diversos actores de la sociedad civil. Participé en la anterior consulta popular y apoyé en la gestión de algunas crisis que enfrentó la autoridad en esta materia.
En simple, los lamentables acontecimientos que hemos visto en los últimos días en Ecuador son una brutal reacción del crimen organizado que se ve amenazado por la decidida acción del gobierno del Presidente Noboa, que impulsa una nueva consulta popular y la construcción de dos mega cárceles de alta seguridad.
Si bien la declaración de conflicto interno a nivel nacional que decretó gobierno de Noboa es una de las herramientas que le confiere la ley para proteger a la población, también es cierto que desata una guerra interna entre las fuerzas armadas y el narco de insospechadas consecuencias para el futuro de los ecuatorianos, sus instituciones y su democracia.
En Chile hemos sido testigo en el último tiempo de una explosiva proliferación del crimen organizado, que ha aumentado los niveles de inseguridad y violencia a niveles impensados.
Afortunadamente aún estamos a tiempo de tomar cartas en el asunto y avanzar en una agenda de reformas profundas que aborden el problema de manera integral, fortaleciendo las instituciones a cargo de la seguridad, actualizando la legislación ante la aparición de los nuevos tipos de delito, combatiendo la corrupción, y recuperando los territorios y los espacios que han sido secuestrados por el crimen organizado.
