Mucha polémica ha generado la votación en general de las propuestas de normas constitucionales que suponen cambios estructurales al sistema de justicia, al político, económico, libertades individuales y ordenamiento medioambiental.

Iniciativas que se empiezan a votar en particular la próxima semana y deben lograr 2/3 en el pleno, para llegar al texto constitucional que será plebiscitado en septiembre. 

A tres días de que venza el plazo, 17 normas populares han alcanzado las 15.000 firmas necesarias para ser votadas en la Convención.

NO a la economía social de mercado y libre competencia

Las propuestas sobre el rol del Estado en la economía generan alarma. Se rechazó la norma que establecía la economía social de mercado como base del sistema económico en Chile, y que garantizaba la propiedad privada, la libertad económica, el rol subsidiario del Estado, la libre competencia y la libertad individual para desarrollar cualquier actividad económica que no esté prohibida por las leyes.

Por otro lado, se aprobó una norma que pone como límite a las actividades económicas y empresariales “las condiciones previstas en esta Constitución y las leyes, de acuerdo a la función social y ecológica de la propiedad y los derechos de los pueblos indígenas, la protección de los Derechos Humanos y de la naturaleza, seguridad e integridad del territorio del Estado y la salud pública”. En la misma propuesta el Estado garantizaría el “aprovechamiento responsable y planificado de los bienes naturales”, y promovería la organización y la desconcentración económica. 

Los gremios empresariales criticaron duramente lo anterior, pero aún está abierto discutir en la comisión de Derechos Fundamentales las libertades económicas y derecho de propiedad privada. 

Anular concesiones en territorios indígenas

Presentada por convencionales de pueblos originarios, la norma declara la nulidad de pleno derecho de “todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, megaproyectos de generación eléctrica que recaigan sobre bienes naturales en territorios indígenas, cuando estos permisos, autorizaciones o concesiones hayan sido otorgadas o implementadas sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas del territorio o la debida consulta».

Los permisos anulados se reevaluarían en un plazo máximo de dos años, después de procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Actualmente, los territorios indígenas están definidos en el Artículo 12 de la Ley Indígena, y deben estar inscritos en el Registro de Tierras Indígenas, administrado por la CONADI, los que se pueden ver en el siguiente link. Esto cambiaría y se crearía una comisión especial encargada de hacer un catastro.

Gremios empresariales, si bien coinciden en que hay que avanzar en temas pendientes con los pueblos originarios, aseguran aplicar la norma en cuestión, que es una expropiación injustificada, significaría un retroceso en la actividad económica y debilita el clima de certeza jurídica que requiere la economía para despegar. Desde una perspectiva jurídica, se critica que la declaración de nulidad la haga la Constitución y no una ley o resolución judicial.

Estado plurinacional, presidencialismo atenuado y congreso unicameral

Con el apoyo de la derecha, se impuso la propuesta PC de régimen presidencial atenuado, con la existencia de una vicepresidencia paritaria, cuyo rol debe ser reemplazar al presidente en caso de cesación del cargo y coordinar el gabinete de ministros, pudiendo nombrar y remover subsecretarios y otros cargos que no sean de exclusiva potestad presidencial. Asimismo, se estableció un periodo de mandato de cuatro años, con una sola reelección, la que puede ser inmediata o ser ejercida posteriormente.  

En cuanto al Congreso, se votó la norma que promueve que sea plurinacional y unicameral, paritario, con representación efectiva de identidades trans y no binarios; integrado por un mínimo de 205 diputados y con escaños reservados. La Cámara se renovaría cada cuatro años, con una posibilidad de reelección. Además, volvería el voto obligatorio con inscripción automática; y voluntario para jóvenes entre 18 y 16 años. Los pueblos originarios serían reconocidos constitucionalmente, tendrían derecho a la libre determinación y el Estado sería Plurinacional.

El “Supremazo”

Imparcialidad del poder judicial en juego

Una dura reacción de la Corte Suprema generó la aprobación de la norma que propone que los jueces de la Suprema, en lugar de ser vitalicios (hasta los 75 años) duren 10 a 15 años; y que el período de los ministros de la Corte de Apelaciones y jueces de primera instancia sea de 8 años, estos últimos con posibilidad de reelección mediante un concurso público. La Corte Suprema advirtió que la norma afectaría la independencia e imparcialidad del poder judicial, porque los jueces podrían empezar a fallar para que los reelijan o en función de su vida laboral posterior.

Cinco constituyentes entre ellos, Mauricio Daza (IND) alegaron intervención de la Suprema a la Convención.

Separación de funciones

En cuanto al diseño del Poder judicial, se aprobó la separación de la función jurisdiccional, que la ejercería el Sistema Nacional de Justicia, de la administrativa, a cargo de un Consejo de la Justicia/Magistratura. Este último, sería un órgano colegiado y autónomo, de rango constitucional integrado por 21 miembros, que nombrará a jueces y profesionales de la administración, ministros de la Corte Suprema, fiscal nacional, el defensor público y los notarios. El organismo se encargaría de gestionar sus recursos y tiene facultades disciplinarias y sancionatorias

Gestión comunitaria del agua

Por unanimidad se aprobó otorgar reconocimiento constitucional a la “Gestión Comunitaria de Agua y Saneamiento Rural”. Esto, en el entendido que el consumo de agua es un derecho humano, el Estado tiene un deber en cuanto a proteger y fortalecer su acceso, con énfasis en sectores rurales, “preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales”.

Para garantizarlo, el Estado fortalecerá las organizaciones de gestión comunitaria de aguas, que de acuerdo a la ley de Servicios Sanitarios Rurales, están encargadas de apoyar a quienes operan dichos servicios, las que serán sin fines de lucro, tendrán que someterse al “interés comunitario y social”, y que, autorizadas por una ley, podrán “cavar pozos en suelos en diversa naturaleza jurídica” y operar en “un plano de equidad frente a los usuarios hídricos más intensivos de la cuenca hidrográfica que corresponda”.

¿Qué dicen las Redes Sociales?

Comisión de Medio Ambiente

La aprobación de la nulidad de concesiones en territorio indígena en la Comisión de Medio Ambiente, que agrupa a convencionales con diversos intereses medioambientales, volvió a poner a sus miembros en el foco de las noticias y en la conversación en las RR.SS.

Sin considerar en el análisis a Bernardo Fontaine -quien es el más activo de esa comisión-, se observa que los miembros de esta comisión fueron muy críticos y activos en contra de Carabineros durante el 18-O. Las menciones al presidente Piñera aparecen en el 20% de los post de este grupo. Por su parte, el “Agua” ya era una de las palabras más mencionadas por sus miembros durante las semanas post estallido.

A pesar de que ninguno de los miembros -salvo Bernardo Fontaine- tiene comunidades muy grandes, todos tienden a mostrar una alta actividad en volumen de publicaciones. Pero algunos tienen mayor alcance. En Twitter son Bessy Gallardo y Juan José Martín los más activos y quienes logran mayor alcance. En Facebook, Nicolás Núñez, Carolina Vilches y Constanza San Juan. Los convencionales de derecha quedan más rezagados en las tres redes sociales que más usan los miembros de esta comisión.

“Derecho”, “participación”, “naturaleza” son palabras que se repiten en los post de los convencionales. Pero no son las únicas. En 43 oportunidades, 9 miembros de esta comisión han posteado en Facebook sobre un estado “plurinacional” y 43 veces lo han hecho en Twitter. “Wallmapu” también es una palabra frecuente. Estos dos términos apuntan a aspectos de reivindicación de demandas de pueblos originarios, lo que explica en parte el interés por promover la idea de anular las concesiones mineras en territorios indígenas.

Sin embargo, las mineras aparecen poco en los post de los convencionales. Apenas en 5 post en Instagram y 6 en Facebook. Gloria Alvarado conecta a esta industria con el descalabro medio ambiental en todos sus post.

El agua sí es el tema más presente en 10 de los miembros de la comisión. Más de 200 post en Instagram, 280 en Facebook y 231 en Twitter, lo convierten en el tema más fuerte de este grupo. Las interacciones siguen siendo bajas, pero más altas que en cualquier otro tema que ellos hayan levantado. El agua como DD.HH., el agua como defensa de los glaciares, el agua para los chilenos.

Las redes de este grupo se pueden apreciar en el siguiente gráfico. Matías Asun de Greenpeace, Modatima, Modatima Mujeres, Movimientos Sociales, Rodrigo Mundaca el gobernador de la V Región. Es decir, las redes frente al agua se componen de activistas y movimientos sociales.

Plurinacionalidad

Sin duda, la palabra plurinacional comenzó a tomar fuerza con la Convención y la participación de pueblos originarios. Google trend muestra como las búsquedas sobre “plurinacional” comienza con el estallido y explotan con la instalación de la Convención y luego vuelve a bajar.

Lo mismo ocurre en Facebook, pero en este caso es la instalación la importante. Si bien son muchos post, el número de interacciones no es especialmente alto, como se ve en el gráfico anterior.

Dentro de la Convención la palabra “plurinacional” está sobrerrepresentada con respecto a la medición general, como se ve en el siguiente gráfico. Es decir 77 convencionales casi generan el 10% de las interacciones de la palabra “plurinacional” en Facebook. 

Los miembros de la Convención no hablaban mucho de la plurinacionalidad hasta que asumió la Convención. Hoy 77 de los miembros han mencionado el término alguna vez. Esto es Twitter desde el 2019.

Los más activos: Elisa Loncon

Unicameralismo

Unicameral tiene apenas 27 post en Facebook desde el 1 de julio. Los más influyentes defensores son Renato Garín y Hugo Gutiérrez.

En cambio, en Twitter es el abogado Mauricio Daza el más activo defensor del sistema político aprobado, seguido por Alondra Castillo. Daza se ha mostrado en las últimas semanas como un crítico a la autonomía del Banco Central, en contra del TPP11 y aprobó el reglamento transitorio sobre reforma judicial.

Cronograma Constitucional

  • Fines de enero: las comisiones tienen que despachar las primeras propuestas al pleno para su votación. 
  • Del 8 de febrero al 22 de abril: plenos de votaciones de normas constitucionales. 
  • 27 de abril: la Mesa Directiva entrega el proyecto de nueva Constitución; y al día siguiente comienza el trabajo de la Comisión de Armonización, que tiene que velar por la coherencia del texto final. 
  • Primera semana de junio: se abre el plazo de indicaciones para el texto final. 
  • 25, 26 y 27 de junio: concluye la votación de esas modificaciones. 
  • Primera semana de julio: termina el trabajo de la Convención.