Esta semana el proceso constitucional parece haber llegado a un punto de inflexión. Tras una serie de iniciativas que generaron ruido en la opinión pública, la Mesa Directiva de la Convención dio un golpe de timón con el objetivo de ordenar el debate y sacar el proceso adelante. 

El domingo pasado, María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez llamaron a una reunión extraordinaria con los distintos colectivos de la Convención. El mensaje fue uno solo: concentrarse en los grandes acuerdos. Ante la poca probabilidad de que el Congreso apruebe una extensión de plazo, la mesa llamó a trabajar en clave de 2/3 y a ser más eficientes en la discusión de iniciativas. 

El desafío es mayúsculo. En tres meses se deben tramitar 947 propuestas, 78 iniciativas populares de norma y 248 iniciativas populares de los pueblos originarios, que suman 1.273 propuestas. Es por ello que el propio Domínguez, a través de una entrevista en Diario Financiero, llamó a “morigerar” posturas. 

Cuestión de liderazgos 

¿Tendrá eco el llamado de la mesa? Noticia en desarrollo. 

Esta semana la convencional María Rivera presentó una comentada iniciativa que absolvía todos los poderes del Estado, aplaudida por sus pares. Si bien fue posteriormente rechazada por unanimidad, es muestra de que todavía se discuten propuestas radicales, de difícil implementación y ruidosas. 

En paralelo, se aprobaron iniciativas relacionadas a la libertad de expresión y libertad de conciencia y religión, con amplio respaldo, ¿acaso incipientes señales del liderazgo que busca construir la actual directiva?

El escenario no está fácil. Quinteros y Domínguez no tienen el peso comunicacional de sus predecesores (ver análisis de Redes Sociales) y se enfrentan a colectivos sin coordinaciones visibles: si las diferencias en Vamos por Chile se reflejaron en el nudo que hubo para elegir la vicepresidencia adjunta de la Convención, en Apruebo Dignidad (Frente Amplio y PC) y el Colectivo Socialista se ha hecho patente el disenso en torno a la Unicameralidad. 

Boric al acecho 

La preocupación por el devenir de la Convención se ha tomado la agenda del nuevo gobierno y del presidente electo, Gabriel Boric. 

En prensa se han comentado las señales que ha dado la nueva autoridad por la moderación de la discusión, respaldando a los convencionales de Apruebo Dignidad que han celebrado el rechazo de propuestas que tienden hacia la radicalización del debate. 

En el nuevo Gobierno saben que el éxito o fracaso de este proceso terminará definiendo la pauta de su programa. 

A contrarreloj: ¿Cuándo se revisarán las normas? 

Entre el 15 de febrero y el 22 de abril, las normas se votarán en el pleno, de acuerdo al cronograma general. Cada comisión tiene sus propios tiempos y algunas están más atrasadas que otras, como la comisión de Derechos Fundamentales y la de Medio Ambiente y Modelo Económico. Por tanto, avanzarán en paralelo las votaciones en general, particular y en el pleno, a medida que cada una vaya progresando. 

Está presupuestado que el 27 de abril la Mesa Directiva entregue el proyecto de nueva Constitución y, al día siguiente, se inicie el trabajo de la Comisión de Armonización, que tiene que velar por la coherencia del texto final.  La primera semana de julio termina el trabajo de la Convención.  

Debates Constitucionales 

Derecho de propiedad y libertad de emprender con límites  

Patrocinada por el FA, se aprobó que todas las personas tendrán asegurado el derecho de propiedad “en todas sus especies y sobre toda clase de bienes”. 

Pero los bienes incorporales (por ejemplo, las acciones) no estarán amparados por este derecho salvo que lo defina expresamente una ley; tampoco los títulos administrativos que permitan prestar servicios de interés general o explotar bienes comunes, que se someterán al estatuto que defina una ley. Quedará regulado por una ley el modo de adquirir la propiedad, el contenido, sus límites y deberes, conforme a su función social y ecológica. 

Sobre la expropiación, está permitida por una causa de utilidad pública o interés general, tendrá que ser autorizada por una ley, determinar el justo monto, forma y oportunidad de pago y considerar tanto el interés público como el titular. El propietario podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley.  

Luego de rechazarse casi todas las normas sobre libertad de emprender y desarrollar actividades económicas, incluidas la iniciativa popular impulsada por la Sofofa que alcanzó más de 18 mil firmas, se aprobó una, también patrocinada por el FA, que consagra la libertad de emprender, pero su contenido y límites serán determinados por las leyes que regulen su ejercicio. Esto último fue criticado por los gremios, ya que, al quedar regulado en una ley, debilita el derecho de propiedad y emprendimiento. 

Daño ambiental sin prescripción 

La comisión de Medio Ambiente aprobó una norma que establece la “imprescriptibilidad de los delitos por daño ambiental”, terminando con el plazo actual de 5 años en que prescribe la acción ambiental, debido a la alta complejidad de determinar si hubo un daño ambiental o no. Las principales críticas se enfocaron en que esto es materia de ley y no constitucional. 

Además, otra norma aprobó la posibilidad de que cualquier persona pueda exigir reparar el daño ambiental, ampliando la titularidad de la acción ambiental más allá de los afectados por el daño. Y un artículo transitorio establece que se creará mediante una ley de quórum calificado, un Fondo Estatal de Justicia ambiental para implementar acciones correctivas y restaurativas.  

Soberanía Alimentaria 

Se reconocerá el derecho de la soberanía alimentaria, la que permitirá establecer un principio ordenador de las políticas agrícolas y alimentarias del país para producir alimentos de consumo interno. Además, define a “actores esenciales”, como campesinos y pueblos indígenas, que tendrán derecho a acceder y hacer usufructo individual o colectivo de la tierra, agua y mar, libre uso e intercambio de semillas y animales, conocimientos, recursos económicos y biodiversidad. Desde los gremios, se criticó esta norma ya que considera una soberanía sin seguridad alimentaria, lo que restringe libertades y pone en riesgo el abastecimiento de alimentos para la población.  

Un Chile plurinacional y autónomo 

Rompiendo con la tradición constitucional que establece que Chile es un Estado Unitario, la comisión de Forma de Estado, aprobó una norma que cambia radicalmente la organización territorial del país, con similitudes a un Estado Federal. Ahora Chile será un “Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas” donde “el Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo, adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales”

Esta nueva organización territorial estará compuesta por regiones y comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales, que podrán autogobernarse y, para ello, contarán con “personalidad jurídica, estatuto y patrimonio propio, con las potestades y competencias necesarias”. En ese sentido, habrá nuevas autoridades: un gobierno regional (ejecutivo), asambleas legislativas que crearán un «estatuto regional”; y un Consejo Social Regional (participación ciudadana). 

Cambios profundos al poder judicial   

Esta semana la Convención aprobó cambiar la denominación del Poder Judicial a “Sistemas de Justicia”. En paralelo, se votó en particular la idea de eliminar el rango constitucional del fuero de los jueces y se modificó la jubilación de los jueces pasando de los 75 a 70 años.  

La misma comisión aprobó la iniciativa que busca crear los “Sistemas Jurídicos Indígenas” que coexistirán en plano de igualdad con el nacional, con el solo límite de que se respeten los derechos humanos. Desde ya surgen dudas respecto de si existirán parámetros de justicia distintos entre los que integran pueblos originarios y quienes no, o si se podrá elegir entre sistemas judiciales u otros aspectos relacionados a jurisdicciones y tipificación de delitos.  

Nuevo rechazo a la Bicameralidad 

Nuevamente se rechazó la bicameralidad del Congreso; está vez fue la iniciativa popular de norma de Congreso Bicameral, que contaba con más de 27 mil firmas y buscaba mantener el Congreso tal cual está.  

“Será Ley”, la primera iniciativa que alcanzó las 15 mil firmas, que reconoce derechos reproductivos y aborto libre, fue aprobada en esta comisión. Por otro lado, se rechazó la iniciativa que buscaba crear un consejo que norme a los medios de comunicación y que controle que la información publicada sea veraz.  

Redes Sociales: Loncon vs. Quinteros 

Existe una clara diferencia entre la Mesa Directiva liderada por Elisa Loncon y la de María Elisa Quinteros, tanto en el interés de ellas por comunicar, como en el interés de los medios y opinión pública sobre la nueva mesa.  

Ninguna era muy conocida al momento de asumir la presidencia, pero la diferencia es que Quinteros ya lleva casi 7 meses como convencional. 

Es notoria la poca visibilidad de Quinteros en los medios y el público en general en Twitter. 

La fuerza de Loncon asociada a la Mesa Directiva es evidente en los gráficos. Sale de la presidencia e inmediatamente deja de ser centro de atención para medios, convencionales y audiencia.  

El problema para la Convención es que Quinteros no suple ese rol, según el siguiente gráfico que muestra su presencia en medios. 

Hay una diferencia entre la visión comunicacional que tiene cada una: después de ser elegida presidenta, la integrante de los pueblos originarios fue requerida por los medios y ella se encargó de estar presente. En el caso de la nueva presidenta, sus apariciones han sido menores y no hay una búsqueda de liderar la conversación.  

Cronograma Constitucional  

Normas Constitucionales 

El curso de aprobación de las normas en la Convención, tanto aquellas presentadas por convencionales como las populares, es el siguiente: primero, se presentan y derivan a la comisión respectiva, la que debate en general si se aprueba, y, una vez aprobada, se debaten en particular las indicaciones que hagan sobre ella. Una vez aprobada, la comisión enviará un informe al pleno, donde votará: si alcanza los 2/3 pasa a la nueva Constitución, si no, se rechaza y queda afuera, salvo que haya tenido mayoría simple, donde se devuelve a la comisión respectiva para que presente una nueva propuesta.  

Luego se vuelve a presentar al pleno, y si alcanza los 2/3 pasa a la nueva Constitución; si no, se rechaza. Finalmente, todas las normas pasan a una comisión armonizadora que presentará un informe final, el que debe ser aprobado por 2/3, y luego presentado en el plebiscito de salida.