En plenas vacaciones de verano, cuando la mayoría descansa, la Convención avanza y preocupa. Lo que se ve es a la mayoría de la izquierda dura, imponiendo en las primeras votaciones en general -que se ganan por mayoría- su voluntad de terminar con el orden actual; especialmente en la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, donde se concentra la mayor cantidad de activistas. Es tiempo de revancha observan algunos.

Nacionalización del cobre, fin a los derechos de agua y consagración de los derechos de la naturaleza se suman esta semana a normas aprobadas la semana pasada, como fin de concesiones en territorios indígenas, rechazo de la economía social de mercado, a la independencia de los jueces y a la libertad de expresión.

Es cierto que ninguna de estas normas tendría los 2/3 para llegar al texto constitucional, pero también es verdad que decrece la confianza en el proceso constituyente entre la elite y que la imagen exterior de Chile como un país serio e innovador se deteriora.

Las críticas, sin embargo, vienen desde de la elite, ya que de acuerdo a las encuestas la Convención mantiene apoyo de la ciudadanía. El último sondeo de Cadem -con cierre al 28 de enero- arroja que la confianza del organismo alcanza el 60% (+2pts) y el 56% votaría apruebo.

Como contraparte a la labor de la Convención, 78 iniciativas populares de norma consiguieron las firmas necesarias para ser consideradas en la deliberación constitucional. Las dos más populares defienden la propiedad privada y, en su mayoría, abogan por la libertad en distintas dimensiones. Habrá que ver cuándo escucha la Convención a la ciudadanía.

N Iniciativas Apoyos 
1 Con mi plata no – defiende tus ahorros previsionales 60.850 
2 Libre derecho sobre la propiedad privada 47.892 
3 Cannabis a la Constitución ahora 44.330 
4 Será ley (sobre aborto) 38.200 
5 Banco Central autónomo 37.603 
6 Derecho a la vida 31.209 
7 Derecho preferente de padres y libertad de enseñanza 28.944 
8 Libertad religiosa y de conciencia en Nueva Constitución 28.705 
9 Por el agua, los derechos de la naturaleza y los glaciares 28.379 
10 Iniciativa popular por una educación libre y diversa 27.517 
11 Un poder legislativo en Chile de carácter bicameral 27.440 
12 Primero las víctimas (referido a la delincuencia) 26.050 

Nacionalización de empresas mineras  

Como una “barbaridad” fue catalogada por la Sonami la aprobación en general de la norma que declara como “bienes estratégicos” a los minerales e hidrocarburos, y nacionaliza a las empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos, «pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional”.

Las críticas han sido transversales, enfocadas en que la medida viola los márgenes de la Convención, los tratados suscritos y vigentes por el Estado de Chile, pone en jaque la inversión, la credibilidad del país, es una expropiación, es anacrónica, no traería los beneficios a los que se asocia, y es desinformada, ya que propone nacionalizar algo que está nacionalizado: las minas son del Estado de Chile el cual  entrega concesiones a las empresas. Quinteros defendió la discusión de estas normas polémicas, indicando que “es la única oportunidad histórica donde podemos hablar sin veto”.

Conscientes del impacto, desde el Colectivo Socialista al Frente Amplio se está impulsando otra norma que deja al Estado con potestades para cautelar los intereses socio-ecológicos pero que, sin nacionalizar las empresas, establece concesiones mineras de carácter temporal otorgadas mediante un procedimiento administrativo con transparencia a la ciudadanía.

Expropiación de los derechos de agua  

El agua y su regulación es sin duda uno de los temas que más interesa a los convencionales de la comisión de Medio Ambiente, quienes aprobaron una norma impulsada por los pueblos originarios, donde los derechos de aprovechamiento de agua que fueron entregados bajo la vigencia del Código de Aguas de 1981 caducarán y se restituirán al Estado dentro de un plazo de 2 años, pagándose una indemnización, salvo que hayan sido utilizados para la minería, agroindustria, forestales, sanitarias u otro uso de carácter industrial e intensivo.

Las aguas no podrán ser objeto de “apropiación privada” y el Estado garantizará la “preservación y sustentabilidad de las cuencas hidrográficas para uso, goce y beneficio” de los habitantes del país. Con esto, pierde validez y eficacia jurídica el Código de Aguas recién aprobado en el Congreso.

Derechos de la Naturaleza

Otra norma aprobada, propuesta por los pueblos originarios, crea los derechos de la naturaleza y los bienes naturales comunes. Los primeros contarían con una defensoría que patrocine sus causas y los segundos -que incluyen a los minerales, subsuelos, mar territorial, aguas continentales y salares, entre otros- podrán ser objeto de concesiones temporales, donde el Estado priorizaría a las comunidades indígenas y locales. Además, los pueblos indígenas tendrán titularidad de ellos en sus tierras.

Por otra parte, no alcanzó el quorum la norma propuesta por la centroderecha para que el Estado vele por la seguridad alimentaria ni la que consagraba la ruralidad.

Revisión de los tratados de libre comercio y salida del Ciadi 

Justificado en que son la base del modelo neoliberal, se aprobó que el Estado revisará «todos los tratados de libre comercio e inversión ratificados y vigentes», y retirará aquellos que contradigan la nueva carta magna. En la misma línea, se aprobó la propuesta para que Chile se reste del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), quitándole protección a inversionistas internacionales.

Preocupantes signos de deterioro 

La salida de la jefa de comunicaciones de la Convención, Lorena Penjean, terminó por coronar una semana especialmente crítica para los convencionales, varios de los cuales han empezado a visibilizar públicamente su preocupación por el devenir del proceso.

Su renuncia fue el desenlace de una crisis que empezó a fraguarse durante la administración de Loncon y trajo consigo abiertas críticas a los convencionales, particularmente a la actual presidenta, María Elisa Quinteros, incluyendo advertencias y comparaciones de este proceso con experiencias plebiscitarias traumáticas, como el Brexit.

No se trató de un hito aislado. El domingo pasado el convencional Patricio Fernández, a través de una columna en El Mostrador, sostuvo que “el desorden es grande, abunda el cansancio y la dispersión, no hemos conseguido estructurar una coordinación política”. Ese mismo día, Agustín Squella, en entrevista con CNN Chile, habló de la autocomplacencia de los convencionales y su falta de autocrítica. «El rechazo pudiese ser una opción para muchas personas que votaron apruebo», dijo Natalia Piergentili, presidenta del PPD.

Redes Sociales 

Comisión de Medio Ambiente 

La aprobación de normas polémicas ha puesto a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente en las noticias y en la conversación en las RR.SS.

Desde que se formó, se sabe que los miembros de esta comisión tienen un perfil bastante radical políticamente y son muy independientes para tomar sus decisiones. Muchos son ex Lista del Pueblo. Pero más allá de eso, es una comisión que agrupa diversos intereses medioambientales en sus representantes.

La nacionalización no fue un tema en Twitter para la comisión de Medio Ambiente y tampoco para los convencionales en general, que suelen no comentar las normas más polémicas. En Twitter, fueron los constituyentes de derecha los que salieron a criticar la iniciativa.

En cambio, en Facebook algunos convencionales salieron a apoyar el proyecto. Cada post tuvo muy pocas interacciones. El más emblemático fue el de la Convencional Carolina Vilches.
“Nacionalización de las empresas” no era una propuesta que esta comisión discutiera mucho en las RR.SS. antes de esta semana. Sólo Ivanna Olivares lo había puesto en la agenda reiteradamente.

Cronograma Constitucional 

  • Primera quincena de febrero: votación en particular de normas en comisiones.
  • Del 15 de febrero al 22 de abril: plenos de votaciones de normas constitucionales. 
  • 27 de abril: la Mesa Directiva entrega el proyecto de nueva Constitución; y al día siguiente comienza el trabajo de la Comisión de Armonización, que tiene que velar por la coherencia del texto final. 
  • Primera semana de junio: se abre el plazo de indicaciones para el texto final. 
  • 25, 26 y 27 de junio: concluye la votación de esas modificaciones. 
  • Primera semana de julio: termina el trabajo de la Convención.